revistaguardiasciviles@gmail.comLos representantes de las asociaciones de la Guardia Civil estudian acciones legales y nuevas movilizaciones. El informe de la equiparación salarial sigue sin aparecer
El acuerdo para la equiparación salarial entre los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas no ha tenido un primer cumpleaños feliz. Por lo menos en lo que se refiere a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que consideran que el Ministerio del Interior que ahora dirige Fernando Grande Marlaska no está cumpliendo con lo acordado en su momento con Juan Ignacio Zoido y está intentando engañar a los agentes.
La ruptura se ha producido a cuenta del reparto de la bolsa de subida salarial de este 2019, que los agentes de Policía Nacional y el Instituto Armado empezarán a notar en la nómina de abril. Estas asociaciones censuran la decisión unilateral del director general del Instituto Armado, Felix Vicente Azón, de permitir que un 1,72 por ciento de los 250 millones (4,3 millones de euros) hayan ido a parar a los policías nacionales y no para la institución que él dirige.
Exactamente, estas asociaciones censuran que el reparto de esa bolsa de 250 millones de euros se debería haber hecho otorgando el 59 por ciento a los agentes de la Guardia Civil y un 41 por ciento para los policías nacionales, y no como finalmente se va a realizar, otorgando algo menos del 58 por ciento a los guardias civiles y un poco más del 42 por ciento a los efectivos de la Policía Nacional.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, hasta seis asociaciones de las ocho con representación en el Consejo de Personal han mostrado el «sentimiento de preocupación y de engaño» que tienen en estos momentos. Se trata de Unión de Oficiales (UO), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Guardias Civiles (Unión GC) y la Asociación Profesional de Cabos (APC).
Han asegurado que el actual responsable de la Benemérita ha quedado «inhabilitado» para participar en algún tipo de diálogo y han exigido que sean los máximos responsables de Interior los que «reviertan la discriminación sufrida por el reparto» actual. Del mismo modo, han anunciado que en las próximas semanas podrían concretar «iniciativas concretas en forma de movilizaciones y acciones legales contra este incumplimiento del acuerdo».
Unas posibles medidas que se podrían convertir en un auténtico lío inesperado para los responsables del Ministerio del Interior en un momento en el que apenas queda mes y medio para la celebración de las elecciones generales del próximo 28 de abril.
El misterioso informe de la consultora
Otro de los puntos calientes en estos momentos está relacionado con el informe externo encargado a una consultora para que pusiese negro sobre blanco los ajustes salariales que se debían realizar más allá del acuerdo de hace un año para que guardias civiles y policías nacionales tuviesen el mismo salario que sus homónimos de los Mossos d´Esquadra. Un estudio que debe incluir un análisis puesto de trabajo por puesto de trabajo.
El plazo para su elaboración ha expirado y se desconoce si el Ministerio del Interior lo tiene ya en sus manos o no. Hasta en dos ocasiones se ha convocado desde la Secretaría de Estado de Seguridad a estas asociaciones profesionales para darles a conocer el contenido del mismo, pero las reuniones han terminando desconvocándose en ambos casos, en alguna ocasión sólo cuatro horas antes del inicio de la misma.
No se conoce ningún dato sobre el contenido del citado informe. Y es que tampoco se ha cumplido con los hitos parciales establecidos en el acuerdo. Nada se sabe del análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y la Guardia Civil ni de la situación comparativa con las policías autonómicas que debía haberse facilitado a las partes seis semanas después del inicio de la auditoría.
Tampoco se sabe nada del informe correspondiente al análisis de la tipología de los puestos de trabajo de las direcciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil y las funciones generales correspondientes a dichas tipologías, así como el análisis de tipologías de puestos de trabajo en el ámbito de las policías autonómicas. El mismo debía presentarse a las partes a las doce semanas del inicio de la auditoría.
Y como no hay dos sin tres, tampoco se sabe nada del documento de propuesta para la mejora de la eficacia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta, que debía haberse dado a conocer a las partes a las 16 semanas del inicio de la auditoría.